Hoy no hablo solo como profesional en Ciencias Económicas*, sino como parte de una generación que vio en la Universidad Pública el motor de ascenso social más importante de nuestro país.
En diciembre de 1988, con 18 años me vine en el tren del Ferrocarril Sarmiento desde Bragado a Buenos Aires, a trabajar y luego estudiar. Y la Universidad de Buenos Aires me abrió las puertas, de par en par.
Logré recibirme de Contador Público* – siendo el primer profesional universitario de mi familia. Un honor impensado, si no fuera por la educación pública.
Sin embargo, a mis 55 años, los números nos cuentan una historia de retroceso alarmante.
Estamos frente a un escenario de desfinanciamiento sistemático que ya no es solo una decisión política, sino un incumplimiento flagrante de la arquitectura legal que sostiene nuestro futuro.
EL MARCO LEGAL EN JAQUE:
Desde el punto de vista normativo, el panorama es crítico. El Gobierno Nacional lleva más de 200 días en desobediencia de la “Ley de Financiamiento Universitario (27.795)”. Es inédito: una ley ratificada por el Congreso tras un veto, validada por la Justicia, pero ignorada por el Ejecutivo.
Pero el recorte no termina en los claustros. Estamos asistiendo a la erosión de las bases mismas del sistema:
✔️Se incumple el piso del “6% del PBI” destinado a educación que manda la Ley de Educación Nacional N°26.206.
✔️Se ha desmantelado la “Educación Técnica”, derogando de facto el fondo específico para equipar escuelas que forman a nuestros próximos industriales.
✔️ Y se ha puesto un techo de cristal a la “Ciencia y Tecnología”, ignorando las metas de inversión incremental hacia el 1% del PBI.
✔️Se debilita el financiamiento del Fondo Educativo Municipal.
LA RADIOGRAFÍA DEL RECORTE:
Si analizamos la ejecución presupuestaria, la cifra es demoledora: las transferencias a universidades nacionales sufrieron una “caída real del 45,6%” entre 2023 y 2026.
Estamos gestionando la escasez en niveles que creíamos superados.
CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN:
Como graduado de la UBA / Ciencias Económicas, entiendo el concepto de eficiencia fiscal, pero no se puede confundir “eficiencia” con “deserción de funciones”.
No hay “superávit” que valga si el costo es el analfabetismo técnico o la fuga de cerebros que hoy estamos financiando con nuestra desidia.
El capital humano es el activo más valioso de una nación. Ignorar las leyes y los fallos judiciales que protegen la educación no es una estrategia económica; es, sencillamente, hipotecar el futuro.
Por todo esto marcho, por mis convicciones entre las que el concepto de UNIVERSIDAD PÚBLICA, LAICA, GRATUITA, CON LIBERTAD DE CÁTEDRA Y COGOBERNADA, la de Yrigoyen que la impulsó, la de Frondizi y la de Illia que la llevaron a que se la conociera como la “de las luces” por su prestigio, la de Alfonsín que debió normalizarla luego de los años crueles, ocupa un lugar cardinal.
Y, porque como dice el “Manifiesto Liminar” de la Reforma, “hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen”: la situación que vivimos es más que un exel de suma cero pues, debajo de la planilla y la viruta de la motosierra, hay personas que nacen, viven y sueñan.
Son seres humanos, de carne y hueso.
*CP Marcelo Bondoni – Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
