La diputada provincial de la UCR – Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, presentó un proyecto de ley con el objetivo de fortalecer de manera sustentable y eficiente el sistema de financiamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa modifica la Ley N° 14.761 para adecuar los recursos a la realidad operativa y económica que afrontan diariamente. “Legislar a favor de nuestros bomberos voluntarios es legislar a favor de la vida y los bienes de todos los bonaerenses”, remarcó Minnaard.
La propuesta es el resultado directo de un trabajo exhaustivo y de consenso con las Federaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.
“La participación activa de estas instituciones, que nuclean y representan el sentir y las complejas realidades de los distintos cuarteles a lo largo y ancho de todo el territorio bonaerense, dota a esta propuesta de una legitimidad indiscutible y garantiza que las modificaciones respondan fielmente a las demandas reales de quienes arriesgan su vida por la comunidad”, rezan los fundamentos del proyecto impulsado por Minnaard.
En ese sentido, la legisladora de la Sexta Sección destacó que “la labor que realizan los cuerpos de bomberos voluntarios constituye un pilar esencial e insustituible para la seguridad pública en la provincia”.
El eje central de esta reforma radica en eliminar de manera progresiva el tope de financiamiento actual, permitiendo que los bomberos logren una financiación genuina y acorde a sus necesidades.
Este proyecto plantea un esquema de gradualidad en la asignación del Impuesto Inmobiliario que va desde el 1,5% en 2027, 2% en 2028 hasta alcanzar el 3% en 2029 y años siguientes.
“Esta progresividad calendarizada fue diseñada estratégicamente para evitar el desfinanciamiento de la Provincia, garantizando previsibilidad fiscal para el Estado bonaerense y, al mismo tiempo, previsibilidad presupuestaria para los cuarteles”, sostuvo Minnaard.
Asimismo, respondiendo al pedido de las bases bomberiles y sus entidades representativas, se optimizan los criterios de distribución del Fondo.
Se establece un reparto que combina equidad (50% en partes iguales) con variables objetivas de demanda operativa basadas en la cantidad de habitantes y la superficie territorial (50% restante), “logrando un equilibrio justo entre los cuarteles de grandes urbes y los de zonas rurales, semiurbanas o de menor densidad demográfica que caracterizan a las distintas regiones de la provincia”.
