(Columna de Carlos Heller/Banco Credicoop) El anuncio referido a que «la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer», formulado por el presidente Javier Milei días atrás, sería sin duda motivo de alivio si la afirmación fuera efectivamente comprobable. Lamentablemente, no hay ningún indicador relevante que muestre que la caída provocada por las políticas recesivas que instrumentó el Gobierno, el ajuste del gasto público y los efectos de la devaluación hayan quedado atrás.
La recuperación de la actividad es una materia pendiente y no se cumple la promesa de un crecimiento en V que nunca llegó, mientras se duda de que llegue.
La proclama oficial solo encuentra un relativo respaldo en el freno a la caída de algunos sectores puntuales, cuyas estadísticas se utilizan para enmascarar la continuidad en la merma de muchos otros rubros.
Está claro que el derrumbe del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos meses no fue mayor porque el sector agropecuario aporta un crecimiento muy elevado al compararlo con el del año anterior, castigado por la sequía. También el sector energético muestra valores positivos, en gran parte gracias a la infraestructura creada por el Estado Nacional durante el Gobierno anterior. Lo cierto es que, si se quita la evolución de estos sectores de la cuenta, el Producto Bruto daría una caída estimada por encima del 6%, una de las peores performances en el mundo.
Cifras negativas
Es difícil encontrar un país que experimente un achicamiento de esa dimensión, por fuera de situaciones como un conflicto bélico o una crisis climática de envergadura suficiente como para conmocionar la economía.
¿Cómo se puede hablar del fin de la recesión cuando la industria manufacturera exhibe cifras negativas y mantiene un alto nivel de capacidad ociosa, con la solitaria excepción del segmento fabril de «molienda de oleaginosas» (principalmente soja)? ¿O cuando los Indicadores de Coyuntura de la Construcción relevados por el Indec muestran una caída del 29,5% comparados con igual período del año anterior? En este sector, el valor mensual de septiembre, sin estacionalidad, dio positivo: un 2,4%, pero luego de un descenso en agosto del 3,3% mensual.
No parece haber demasiado espacio para el optimismo, cuando el Grupo Construya, que reúne a los proveedores de materiales, reportó en octubre una baja de casi el 30% interanual. Por su parte, el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, dijo: «Esto va a continuar parado, no sabemos hasta cuándo». No se ve perspectiva, porque el Gobierno nacional está aferrado a la idea de mantener la paralización total de la obra pública por tiempo indefinido.
La caída del PIB este año sería, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 3,5%, y el propio proyecto de Presupuesto estima un retroceso del 3,8%.
Para 2025, el FMI y el Gobierno coinciden en estimar un crecimiento del 5%. Aun si se cumpliera con esa previsión, el año próximo solo se avanzaría un 1% por encima del producto de 2023.
La OCDE es menos optimista en sus cálculos sobre la evolución de la economía argentina el año próximo: plantea un crecimiento del 3,9%.
Los datos que toma el Gobierno para sus análisis son los financieros, el dólar estable, la inflación en descenso, el éxito del blanqueo, el riesgo país y los bonos. Pero la macroeconomía no es solo lo financiero. No se pone en la balanza que cayó el empleo, o que la capacidad instalada de la industria empeoró. Esos son los datos que de verdad importan.
El agravante es que el éxito financiero es incompatible con la mejora en la economía real. Si la economía llega a crecer, todos estos indicadores financieros podrían resentirse: por ejemplo, más actividad genera mayor demanda de importaciones y menos ingresos de divisas al Banco Central. Este modelo solo funciona para una economía en recesión.
El otro motivo de celebración del Gobierno fue el triunfo en las presidenciales de Estados Unidos de Donald Trump, de quien se espera que facilite las gestiones con el FMI, como lo hizo con Mauricio Macri. Pero hay una gran diferencia: la Argentina de 2016 tenía ratios de deuda en dólares bajas y no registraba deuda con el propio FMI: había sido cancelada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Ahora al Fondo le va a costar justificar nuevas ayudas a un deudor que se mostró insolvente, con una ratio de deuda desproporcionada respecto a su capacidad de pago, por lo que difícilmente se logre mucho más que la refinanciación de las deudas con el propio organismo.
