La Iniciativa de Eugenia Gil y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) ex por un periodo de 180 días, a jubilados y pensionados, que cobren haberes jubilatorios mínimos, como asimismo a PyMES y emprendedores.
De cara al primer invierno mileista, las tarifas energéticas prometen impactar de lleno en la economía de la ciudadanía. A su vez, la creciente presión fiscal asfixia el bolsillo de los argentinos.
La estructura impositiva de la Argentina está compuesta por impuestos, tasas y contribuciones. Así lo explica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dirigido por Nadin Argañaráz, ex subsecretario de Desarrollo en el Ministerio de Hacienda entre 2016 y 2017, de acuerdo al ente se denomina “tributo al pago que se realiza al Estado para que éste lo administre”.
Los impuestos, tasas y contribuciones se aplican según el patrimonio o ganancia de una persona o una empresa, para luego proveer “a la ciudadanía de bienes y servicios”. Sin embargo, no necesariamente esto se materializa.
En uno de sus últimos posteos en X, el presidente nuevamente volvió a hablar de la presión fiscal con la que lidian los argentinos en su día a día. “Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante”, señaló Javier Milei. En este contexto, además de la carga tributaria con la que deben lidiar los argentinos, hay otros factores que vapulean los salarios para dejarlos en números rojos.
FUNDAMENTALISTAS DEL ATRASO CAMBIARIO UNA PREGUNTA
Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caro en dólares ¿les parece justo pedir devaluación para licuar los…
En este sentido, la decisión de quitar subsidios que dispuso el gobierno de Javier Milei impactó de lleno en los hogares argentinos. Por ejemplo, de acuerdo al Observatorio de Tarifas y Subsidios en el Instituto Interdisciplinario de Economía (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet, el peso del importe de los servicios públicos se duplicó en los últimos meses perjudicando seriamente los salarios del AMBA.
Los valores reflejan un aumento de 241% en cuatro meses, en contraparte de los salarios, que cada vez pierden más valor en relación a la inflación que hay actualmente en el país. La canasta de servicios públicos del AMBA pasó de representar el 6% de un salario promedio de un empleado formal al 13% este mes. De todos los servicios, el que más aumentó fue el gas natural con un avance de 561% respecto a diciembre de 2023, mientras que el gasto en transporte aumentó 410%, en agua 209% y en energía eléctrica 74%.
A este panorama inflacionario y de baja recaudación los municipios de la provincia de Buenos Aires no lograron escapar, por eso debieron recurrir a una idea del Frente Renovador.
Las tasas al combustible añaden un porcentaje o una suma fija en pesos al valor del litro de nafta, gasoil, gas y otros compuestos que se expenden en las estaciones de servicio bonaerenses. Un impuesto que desata polémica pero que en época de vacas flacas resulta una herramienta predilecta.
Sin embargo, este tipo de tributos contribuye a compensar los balances financieros de los municipios pero recae, como casi siempre, en los ciudadanos. Con leves variaciones, se suele cobrar un 2% sobre el expendio del surtidor.
A mediados de la semana, trascendió una iniciativa de los senadores Eugenia Gil y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) quienes presentaron un proyecto de Ley en el Senado bonaerense para eximir del pago del servicio de agua domiciliaria, por un periodo de 180 días, a jubilados y pensionados, que cobren haberes jubilatorios mínimos, como asimismo a PyMES y emprendedores. El proyecto hace eco de la realidad que afronta uno de los sectores más vapuleados por las políticas del Gobierno, en este sentido la iniciativa promete darles un respiro.
“La iniciativa busca salir del discurso y dar una respuesta concreta frente a la difícil situación económica que atraviesa el país y de manera particular, los bonaerenses”, sostuvo Gil y recordó que “días atrás en la audiencia pública que se realizó en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, con la presencia de funcionarios de la Autoridad de Agua y la empresa ABSA se solicitó un incremento del 250 por ciento en las tarifas de más de 90 localidades bonaerenses”.
“Los jubilados y pensionados que cobran la mínima no pueden afrontar estos costos, es por esto que creemos oportuno que se contemple esta medida para acompañarlos”, explicaron los legisladores.
Por último, Maspoli sostuvo: “este mismo escenario se estaría replicando en el sector de las PyMES y de los emprendedores de nuestra provincia ya que ante la baja del consumo por la crisis han evidenciado un claro impacto en sus ventas y producción. Se proyecta que el aumento significaría un incremento de alrededor del 800 por ciento para el sector”.
