Aún resuenan los ecos de la fallida sesión para el kicillofismo, cuando sectores del oficialismo y la oposición acordaron tachaduras y agregados a los proyectos de Presupuesto y Ley Fiscal que había enviado el Ejecutivo, lo que provocó la reacción del propio Gobernador. El resultado fue que la vicegobernadora Verónica Magario cerró la Cámara alta y Diputados postergó el tratamiento de dichas iniciativas, además del pedido de Endeudamiento.
Por estas horas, representantes del Ejecutivo mantienen contactos con representantes legislativos, a través de una delegación encabezada por el camporista Facundo Tignanelli, líder de la bancada en Diputados, e integrada además por el vicepresidente del bloque, Rubén Eslaiman (FR); el presidente de la Cámara, Alexis Guerrera (también massista); el vice del cuerpo, Alejandro Dichiara; y el titular de la comisión de Presupuesto, el peronista y exintendente de La Costa, Juan Pablo de Jesús.
El objetivo del cónclave es claro: analizar la situación generada tras lo que algunos consideran como una rebelión interna protagonizada por camporistas, massistas e intendentes no kicillofistas.
En principio, se trabaja sobre la base de que el Gobierno acepte algunas de las modificaciones introducidas por legisladores del oficialismo y la oposición, que fueron acordados el pasado jueves sin la participación de los más cercanos al Gobernador.
Así, el Presupuesto 2025 podría contemplar medidas como la eliminación del 5% extra del Inmobiliario Rural, igualándolo con el urbano, quedando por definir cuánto recibirían los municipios en concepto de fondo. En principio, oficialismo y oposición habían acordado unos 200.000 millones para Seguridad y subir 1% la coparticipación, que llevaría el monto final por encima de los 400.000 millones.
Además, la UCR, el PRO y los libertarios presionaron para que se elimine el polémico artículo 163, que otorgaba discrecionalidades a ARBA para superar, en algunos casos, el tope del 28% de incremento de las alícuotas de Ingresos Brutos. Y restaría saber qué pasará con el porcentaje de participación sobre los fondos del Puerto de Dock Sud que arrancaron los intendentes camporistas Mayra Mendoza (Quilmes) y Julián Álvarez, de Lanús.
Los pedidos de la oposición
Además de los proyectos de Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal Impositiva, aún trabados en la Legislatura bonaerense, el Ejecutivo espera respuesta positiva por la autorización para contraer una nueva deuda neta.
De acuerdo al texto ingresado en el parlamento provincial, el mismo es por hasta 1,1 billones de pesos, a ser emitida en moneda extranjera. A esto se añaden Letras del Tesoro y financiamiento con organismos multilaterales, aprobados en años anteriores, por otros $ 1,2 billones.
Como en cada fin de año, la oposición pone sus condiciones para dar el visto bueno a este pedido clave para las finanzas de la Provincia, en un paquete que se negocia a contrarreloj y que tiene al 27 de diciembre como posible fecha de sesión. Sin embargo, los bloques opositores no son optimistas acerca de esta posible reunión.
A diferencia de los otros dos proyectos, la solicitud para la toma de deuda necesita de los dos tercios de las cámaras, algo que por el momento aparece como dificultoso, cuando no imposibles, para Unión por la Patria.
En el caso de los radicales abadistas, que comanda Diego Garciarena, buscan poner sobre la mesa la designación de algunos de los suyos en el directorio del Banco Provincia o la Suprema Corte de Justicia, mientras que los boina blanca de Facundo Manes y Martín Lousteau, presididos por el platense Claudio Frangul, exigen que el pedio se haga por partes, con menores plazos, ya que, aseguran, en 2024 sólo se utilizó el 35% del endeudamiento aprobado.
Por su parte, los libertarios “dialoguistas”, habituales aliados del oficialismo, reclaman que se cumpla con el lugar prometido tiempo atrás en el directorio del Bapro. “Es un acuerdo que ya estaba sellado, y es lógico que reclamen”, apuntaron desde el bloque de UxP.
Los otros libertarios, los mileístas puros, creen que la autorización para tomar deuda por parte del gobierno de Axel Kicillof debería contar con autorización del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para votarlo favorablemente.
Finalmente, el PRO reclama para sí los cargos que los bullrichistas ocupan tras romper el bloque e integrarse a La Libertad Avanza. El más importante es el que ocupa hoy Santiago Nardelli en el Banco Provincia, habida cuenta que el bahiense es un referente del PRO libertario.
