Nota de opinión por Fernando Neri – A partir de lo que se ha planteado públicamente en las últimas horas, creo que vale una reflexión más profunda sobre el tema.
En muchas ciudades —grandes y chicas— se viene dando un fenómeno que preocupa: la proliferación de perfiles falsos en redes sociales que desinforman desde el anonimato, una práctica más propia de contextos donde la calidad institucional es débil.
Bragado no es ajeno a esta realidad.
Y quizás por eso, más que una discusión coyuntural, este episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema más profundo: cómo entendemos la responsabilidad pública en la construcción del debate democrático.
Porque cuando quienes ejercen funciones de gobierno —es decir, poder real— se limitan a denunciar situaciones que llevan tiempo instaladas, sin haber impulsado previamente herramientas concretas para abordarlas, la discusión pierde consistencia.
No alcanza con señalar.
Gobernar implica hacerse cargo.
Y en ese marco, hay una pregunta que trasciende cualquier espacio político: ¿quién se hace responsable de los innumerables perfiles anónimos que, desde hace tiempo, intervienen degradando la conversación pública y apuntando sistemáticamente contra toda voz que resulta incómoda al poder?
La libertad de expresión es un valor central. Pero no puede ser utilizada como cobertura para el anonimato irresponsable.
Y mucho menos tolerada —por acción u omisión— por quienes tienen la obligación de fortalecer la calidad institucional.
En Bragado hay periodistas, dirigentes políticos y actores sociales que todos los días firman lo que dicen, exponen su nombre y sostienen su credibilidad. Ese ejercicio, con aciertos y errores, es parte esencial de una comunidad que pretende debatir con seriedad.
Pero también exige una responsabilidad adicional: evitar la descalificación fácil, las acusaciones oportunistas o las afirmaciones sin sustento.
Frente a eso, el anonimato utilizado para desinformar no solo empobrece el debate: lo degrada.
Por eso, más que detenernos en acusaciones, resulta necesario que quienes ejercen responsabilidades de gobierno asuman un rol activo en la promoción y articulación de prácticas que fortalezcan la calidad del debate público.
No legitimar lo que no tiene identidad. No amplificar lo que no asume responsabilidad. Y construir reglas de convivencia que estén a la altura de la comunidad que somos.
Porque la calidad del debate público no se declama. Se ejerce.
Y quien tiene responsabilidades institucionales no puede elegir cuándo hacerlo.
