La paralización total de las actividades en la planta acopiadora que la firma Cargill posee en la localidad de Arribeños (partido de General Arenales) encendió una fuerte alarma social y económica en el distrito. La decisión empresaria de interrumpir las operaciones operativas en el predio dejó de manera directa sin sustento a un grupo de 30 transportistas locales y sus familias, sumado a la parálisis en la cadena de proveedores de servicios secundarios que dependen del movimiento del acopio.
El vocero de los camioneros afectados, Cristian Cardoso, brindó detalles sobre la extensión del diferendo, el cual lleva ya diez meses de gestación y 22 días de protesta pacífica frente a las instalaciones.
UN CONFLICTO POR INTERMEDIACIONES Y TARIFAS “PISADAS”
Según explicó el referente de los choferes, el origen del reclamo radica en la relación con un intermediario dador de cargas vinculado a la confederación de transporte CATAC. “Ese personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real. Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo”, precisó Cardoso.
El transportista denunció además irregularidades en las propuestas recibidas para intentar destrabar el conflicto: “La única instancia que nos propusieron fue que estas personas de la CATAC volvieran a tomar a las 30 familias pero siguiendo con el cobro de un 3% en negro, algo a lo que no estamos dispuestos a acceder. Pedimos sentarnos a dialogar en una mesa orgánica, pacífica y transparente para llegar a un consenso”.
