El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, manifestó su rechazo a la posibilidad de que la nueva concesión de la Ruta Nacional 5 incluya la instalación de estaciones de peaje sin contemplar la construcción de la autovía, una obra largamente reclamada en la región.
El jefe comunal calificó como “inadmisible” la iniciativa y cuestionó que el esquema en análisis prevea únicamente el mantenimiento de la traza actual. En ese marco, puso el foco en las cabinas proyectadas a la altura de la localidad de Gorostiaga, dentro del distrito, y reiteró que se trata de una ruta “altamente peligrosa”, conocida incluso como la “ruta de la muerte”.
Ante este escenario, instó a los vecinos a no abonar peajes hasta tanto no se retomen las obras de la autovía, paralizadas cuando se encontraban en su etapa inicial. Según señaló, la demanda por la transformación de la ruta se remonta a la década del 90 y sigue sin respuestas concretas.
El intendente también aseguró que su postura cuenta con el respaldo del Concejo Deliberante local y de otros jefes comunales de la región, más allá de las pertenencias partidarias, lo que configura un frente común en rechazo a lo que consideran una medida meramente recaudatoria.
En esa línea, advirtió que, si bien el sector productivo no rechaza el pago de peajes en rutas adecuadas, resulta inaceptable hacerlo en una vía que no ofrece condiciones de seguridad acordes y que continúa representando un riesgo para quienes la transitan a diario.
Cabe recordar que, en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, el Gobierno nacional avanzó con la apertura de sobres para la operación de distintos tramos viales. En el caso de los 546 kilómetros de la Ruta 5 —entre Luján y Santa Rosa— la oferta más baja fue presentada por la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste, que propuso una tarifa de $2.355,37 más IVA.
Sin embargo, en las condiciones de la licitación se confirmó que el futuro concesionario no tendrá entre sus obligaciones la continuidad de las obras de la autovía, un punto que profundiza el conflicto con los municipios de la región.
