La Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones ha emitido un comunicado oficial que algunos medios de comunicación social han difundido legítimamente. Sin embargo corresponde decir, con claridad y sin eufemismos, que dicho comunicado está plagado de mentiras mendaces, patrañas infamantes, descortesías irreverentes, inexactitudes falaces e irrespetuosidades insolentes hacia una institución profundamente querida por la comunidad de Bragado y hacia la memoria de Don Miguel Garrubba.
Porque antes de cualquier discusión jurídica existe una verdad histórica imposible de borrar: si Don Miguel Garrubba, o damas como Doña Anita Cervera de De Pablo, y aquella primera comisión no se hubieran puesto la ropa de fajina para recuperar un edificio abandonado y convertirlo, con esfuerzo, solidaridad y amor comunitario, en la Proveeduría Infantil hoy, esa institución: simplemente no existiría.
Por eso resulta particularmente desafortunado intentar instalar que allí se “utiliza” a menores y personas con discapacidad. Aprovecharse de las personas con discapacidad jamás estuvo en el “Códice Moral” de la Asociación Proveeduría Infantil. Aunque, viendo a ciertos actores: debieron mirar hacia sus propias filas antes de afirmar semejante vileza.
No voy a repetir lo que durante décadas el imaginario colectivo ha pensado sobre la masonería. Sería burdo y no caeré en ese terreno. El secretismo que históricamente rodeó a esas organizaciones, sinceramente, no me interesa demasiado. Pero sí me preocupa que quienes, públicamente, predican fraternidad y humanismo terminen actuando, en comunicados oficiales y mediante intermediarios oficiosos, con métodos cercanos a la presión y la intimidación, más dignos de la camorra napolitana — hoy mismo condenada por Su Santidad el Papa León XIV— que al diálogo republicano.
Porque también es cierto que integrantes de la comisión de API han recibido advertencias respecto del supuesto poder de los masones en determinados sectores de la política y de la judicatura, sugiriéndoles que “tuvieran cuidado” y que “lo mejor sería ceder”. Si eso es verdad, es gravísimo. Y si no lo es, deberían desmentirlo categóricamente.
La Asociación Proveeduría Infantil tiene sus papeles en orden, tiene una posesión sostenida durante décadas y tiene algo todavía más importante: confianza en la Justicia republicana e independiente, no subordinada a la política, al poder económico ni a asociaciones que pregonan elevados ideales pero que, a la hora de actuar, muestran conductas muy distintas a las que dicen defender y les asoma lo peor de la condición humana.
Todo está donde debe estar: en los Tribunales de Justicia.
Y mientras allí se discuten cuestiones jurídicas, el pueblo bragadense sabe perfectamente qué representa la Proveeduría Infantil. No es solamente un inmueble. Es una parte entrañable de la historia afectiva de la ciudad. Allí hubo contención, abrazos, esfuerzo silencioso y solidaridad verdadera. Y cuando se agrede injustamente a una institución construida durante casi setenta años por toda una comunidad, no se lastima sólo a una comisión: se hiere una parte del corazón de Bragado.
