Durante junio de 2026, el Observatorio de Datos Estratégicos identificó 49 personas fallecidas como consecuencia de siniestros viales en la provincia de Buenos Aires. Esto representa un promedio de 1,6 víctimas fatales por día. No estamos frente a una simple estadística: detrás de cada número hay una vida perdida, una familia atravesada por el dolor y una comunidad afectada por una tragedia que pudo prevenirse.
El dato que exige atención inmediata es el lugar donde se produjo la mayor cantidad de estas muertes. De las 49 víctimas fatales registradas, 32 —el 65,3 %— fallecieron en siniestros ocurridos en rutas, autopistas, accesos o caminos principales.
En total, se identificaron 25 siniestros viales en estos corredores: 13 en rutas nacionales, con 15 víctimas fatales, y 12 en rutas provinciales, con 17 fallecidos. Estas cifras muestran que las rutas constituyen el escenario de mayor gravedad y deben ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas públicas de seguridad vial.
La extensión del territorio bonaerense, la cantidad de vehículos que circulan a diario, el transporte de cargas, las altas velocidades y el estado desigual de la infraestructura conforman un escenario que exige respuestas concretas, sostenidas y coordinadas.
No alcanza con actuar después de cada tragedia. La seguridad vial debe construirse antes de que ocurra el siniestro. Para lograrlo, resulta indispensable fortalecer la presencia preventiva y los controles en rutas nacionales y provinciales, especialmente en aquellos tramos con mayor circulación o con antecedentes de hechos graves.
Los controles deben reducir las conductas que incrementan el riesgo: el exceso de velocidad, el consumo de alcohol antes de conducir, las maniobras imprudentes, los adelantamientos indebidos, el uso del teléfono celular, la falta de descanso durante los viajes prolongados y la ausencia de elementos de seguridad. A la vez, las autoridades deben verificar las condiciones técnicas de los vehículos y el cumplimiento de las normas por parte del transporte de pasajeros y de cargas.
La prevención, sin embargo, no puede depender exclusivamente de los operativos de control. Necesitamos campañas permanentes de educación vial y concientización que lleguen a las escuelas, los medios de comunicación, los municipios, las empresas, los clubes y las organizaciones de la sociedad civil. La educación vial debe ayudarnos a comprender que conducir no significa solamente trasladarse de un lugar a otro: supone asumir una responsabilidad frente a la propia vida y la de los demás.
Las campañas no deberían limitarse a acciones aisladas ni a determinadas fechas del calendario. Deben mantenerse durante todo el año, adaptarse a las características de cada región y abordar los riesgos concretos que se presentan en rutas y ciudades. Es necesario trabajar especialmente con los jóvenes, los conductores profesionales, los motociclistas y quienes recorren largas distancias.
También debemos decirlo con claridad: las muertes por siniestros viales pueden prevenirse. No son hechos inevitables ni fatalidades frente a las cuales la sociedad deba resignarse. En la mayoría de los casos existen factores de riesgo que podemos identificar y corregir mediante controles eficaces, educación, infraestructura segura, vehículos en condiciones y decisiones responsables de quienes circulan. Esta problemática también exige una inversión sostenida en infraestructura vial. Una ruta deteriorada, sin banquinas seguras, con iluminación insuficiente, señalización deficiente o marcas viales desgastadas aumenta considerablemente el riesgo. Lo mismo ocurre cuando existen cruces peligrosos, accesos mal diseñados, curvas sin advertencias adecuadas o tramos que no reciben el mantenimiento necesario.
Para mejorar las rutas hay que reparar las calzadas, acondicionar las banquinas, reforzarla iluminación, renovar la señalización vertical y horizontal, eliminar los obstáculos que reducen la visibilidad e intervenir de manera específica en los puntos críticos. Además, la información estadística debe orientar las decisiones y permitir que las obras, los controles y las medidas preventivas se concentren donde más se necesitan.
La inversión en seguridad vial no puede considerarse un gasto. Los recursos destinados a prevención, controles, educación, infraestructura y señalización salvan vidas y, además, reducen las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que provocan los siniestros graves. Cada intervención que se concreta a tiempo puede evitar una muerte, una discapacidad permanente o el sufrimiento de una familia.
Los datos de junio también muestran que la siniestralidad vial afecta a todo el territorio bonaerense. Por eso, la respuesta debe involucrar a la Nación, la Provincia y los municipios, con responsabilidades claramente definidas y acciones coordinadas. Los distintos niveles del Estado deben compartir información, identificar corredores y puntos críticos, planificar operativos y evaluar periódicamente los resultados.
Desde el Observatorio de Datos Estratégicos sostenemos que la seguridad vial debe convertirse en una política de Estado. Las 49 personas fallecidas durante junio, entre ellas las 32 víctimas registradas en rutas y caminos principales, nos obligan a actuar con urgencia, planificación y continuidad. Cada muerte debe interpelarnos.
No podemos acostumbrarnos a las cifras ni aceptar que perder la vida en una ruta forme parte de nuestra cotidianeidad. Más prevención, mejores controles, educación vial permanente, rutas seguras y señalización adecuada significan menos víctimas. Ese debe ser el compromiso: actuar antes de que ocurra la próxima tragedia, porque invertir en seguridad vial es, definitivamente, invertir en vida.
*Por Pedro Perrota – OBSERVATORIO DE DATOS ESTRATÉGICOS
